Durante los últimos años hemos asistido en nuestro país a un notable cambio en el marco legislativo en lo referente a la Prevención de Riesgos Laborales. Con este conjunto legislativo no tan sólo se pretende transponer al Derecho Español las Directivas de la Unión Europea en esta materia sino que el objetivo fundamental es establecer las bases para la reducción sostenida de la siniestralidad laboral en España,
La situación derivada de la grave crisis económica ha provocado una disminución de la siniestralidad en términos absolutos, pero no de forma relativa. En efecto, con la masiva pérdida de puestos de trabajo, la exposición al riesgo laboral ha disminuido en igual medida, no obstante seguimos observando tasas de siniestralidad elevadas.
La Ley de Prevención de Riesgos laborales, que se promulgó en 1995 y se reglamentó en el 97, y los diversos Reglamentos y demás normas que la desarrollan, inciden esencialmente en la actuación preventiva frente al riesgo de padecer algún daño para la salud con motivo del desempeño de un determinado trabajo de forma que, proactivamente, seamos capaces de identificar los riesgos que éste comporta a corto, medio o largo plazo y podamos adoptar las medidas técnicas, organizativas y de control que nos permitan garantizar que nadie va a perder la salud por causa de su trabajo.
